2019: ¿el año que implantó la semilla de una historia de descontento en América Latina?

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La adopción de una mirada histórica sobre los acontecimientos de la región de América Latina implica la visualización de situaciones análogas que encuentran sustento sobre la base de un mismo sentimiento: el descontento. Desde hace décadas somos ciudadanos de un territorio marcado por la puja constante entre las demandas sociales y la toma de decisión por parte del gobierno de turno. 

En este marco, resulta necesario preguntarse: ¿el año 2019 marcó el comienzo de un nuevo capítulo de máxima tensión en la historia de la región?, ¿cuál es el futuro que le depara a dichos países?, ¿menguará la necesidad de reformas o las mismas serán saciadas? En pos de esbozar respuestas tentativas, se analizarán casos singulares, aunque amalgamados bajo una misma historia.

Ecuador, paquetes económicos y combustibles

Resulta imposible ignorar la repercusión extrema que rodeó al paquete de reformas tanto económicas como laborales y tributarias, anunciadas por el entonces presidente Lenín Moreno el 1º de octubre de 2019.  La justificación: reducir el gasto público e incrementar la recaudación. Teniendo en cuenta las obligaciones tomadas con el Fondo Monetario Internacional, el dirigente se encontró forzado a poner fin al programa de subsidios al diésel y a combustibles de bajo octanaje. Por medio del decreto Nº 883, los costes del combustible se encontrarían fijados en relación a los valores internacionales.  

El paquete de medidas incluía, además, una baja salarial de hasta el 20% en el sector público, la reducción de vacaciones de 30 a 15 días para dichos empleados, y el aporte de un día de su salario mensual al fisco, entre otras. El Gobierno también decidió abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo; acción fundamentada en el deseo de impulsar los ingresos mediante un incremento en la producción que supere los límites impuestos por dicha organización. 

La eliminación del subsidio a los combustibles generó fuerte repudio en la sociedad ecuatoriana, el cual se materializó en masivas protestas. Acto seguido, el presidente decretó el estado de excepción mientras crecía la convocatoria de paros masivos, cortes de ruta y de servicios de transporte, saqueos, y enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas policiales. Estos últimos desembocaron en una suma de 35 heridos y aproximadamente 300 detenidos

En este marco, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) elevó un pedido hacia el presidente para garantizar el derecho a la protesta de la ciudadanía. Sin embargo, este respondió con el traslado de la sede del gobierno a Guayaquil, mientras continuaba la diseminación de protestas por medio de la implantación de gases lacrimógenos y detonaciones.  

Chile y la gota que colmó el vaso

Tras el advenimiento de un aumento del precio del pasaje del metro en octubre de 2019, emergieron múltiples protestas sociales en Chile. Estas pasaron de ser “evasiones de pago del pasaje masivas” a la extrema violencia en las calles de Santiago, traducida en saqueos de comercios, arremetidas a múltiples instalaciones públicas, y a la quema de diversas bases de metro y buses. 

Ante ello, la primera medida tomada por el Gobierno fue el decreto de estado de emergencia, dando lugar a actos de mano dura por parte de la policía, avivando aún más el fuego. Tras haber confirmado la muerte de al menos 18 personas, Sebastión Piñera, el presidente del país, ratificó el comienzo de las tratativas para la elaboración de una nueva Carta Magna capaz de responder a las demandas “legítimas” de los ciudadanos. 

Colombia, ajuste y demandas ignoradas

El 21 de noviembre de 2019, Colombia registró un paro nacional de magnitudes históricas y fue protagonista de una serie de huelgas direccionadas hacia la materialización de daños a instituciones públicas, cortes de carreteras, disturbios y saqueos. Las mismas han sido convocadas, en principio, por las centrales obreras y sindicatos en contra del Gobierno del presidente Iván Duque, debido a su plan de ajuste fiscal. 

Este ajuste implicaba el incremento de subsidios para los más necesitados en el marco de un aumento de los impuestos sobre bienes y servicios cotidianos. Además, planteaba la posibilidad de erradicar el fondo estatal de pensiones, incrementar la condición etaria para alcanzar la jubilación, y la reducción del salario de los jóvenes. 

Otro motivo del descontento social yace en el pedido desatendido de medidas de protección destinadas a indígenas y líderes sociales, que, desde el ascenso de Duque, ven peligrada su existencia. Por otro lado, se encuentra la fuerte crítica hacia el incumplimiento de la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito pactado en el punto 4 del acuerdo de paz con las FARC. 

De esta manera, la popularidad y legitimidad del presidente comenzó a deteriorarse. Nuevamente, la respuesta del Estado para paliar la propagación de las propuestas ha sido la militarización de las calles, dando como resultado tres muertes.

Perú y la crisis político-institucional

Mientras que en países como Chile, Colombia y Ecuador las protestas son planeadas por organizaciones capaces de conformar un bloque uniforme, en Perú dichas organizaciones carecen de tal estructura. Las bases del descontento radican en la profunda disparidad económica, la precarización de gran parte de la sociedad, el despojo de tierras y fuentes de agua; y la carencia de partidos políticos institucionalizados, que culmina en una crisis de representación constante. 

En tal sentido, en el año 2019, el entonces presidente Vizcarra comunicó su decisión de disolver el Congreso, seguida por la convocatoria a elecciones legislativas para el 26 de enero del año próximo. El argumento utilizado fue que el proceso electoral carecía de transparencia y no garantizaba la división de poderes. Ante ello, el Congreso suspendió las funciones del presidente por doce meses. respondió con una suspensión de funciones del presidente durante doce meses. 

A partir de entonces, el país pasó de estar sumido en una crisis política, a una amalgama entre la misma y una crisis institucional. De este modo, las marchas en contra de la corrupción política en Perú (temática que aqueja al territorio desde tiempos inmemorables) emergieron en múltiples calles de diversas ciudades. 

Cuba y una historia que se repite

Cuba vive su crisis económica más profunda desde la década de 1990. Sus causas son: la lenta implantación de reformas estructurales por parte del entonces presidente Castro; el deterioro de las relaciones con Venezuela; el deterioro del flujo de intercambio comercial con China entre los años 2015 y 2019; y las medidas impuestas por Donald Trump respecto al reforzamiento del bloqueo en el país. En este contexto, el año 2019 implicó la disminución del producto interno bruto (PIB) cubano en un 0,2%; la caída más alta después de la de -14,9% en 1993. 

Más allá del descontento social actual, que se materializó en protestas en julio del corriente año y es producto de la situación que aqueja al país, ya se había registrado otra movilización en La Habana en 1994. En rigor, el descontento no es nuevo y se torna evidente.

Entonces, ¿nos encaminamos hacia el comienzo de una nueva historia o hacia un nuevo capítulo del mismo libro? 

La región latinoamericana en su conjunto atraviesa, hoy día, luego de casi dos años, una situación que continúa por la pendiente del descontento y las protestas sociales. La disparidad social y económica, acrecentada por la pandemia, profundiza el malestar social que permanece dentro de un mismo contexto trazado por la ineficacia y carencia de respuesta por parte de los gobiernos al momento de garantizar el bienestar común.

En el caso de Ecuador, el último año de la presidencia de Lenin se encontró trazado por una sucesión de protestas. El motivo principal: lograr la reposición de subsidios a los combustibles y la eliminación total del programa de ajuste del mandatario. Sin embargo, al día de la fecha, la ola incesante de protestas parece no menguar.  

Similares son los casos de Colombia y Cuba. En el primero, las protestas referentes a las medidas implantadas por el presidente Duque alcanzan múltiples ciudades, como Cali, Medellín Barranquilla o Popayán, y arrojan una estadística de al menos 46 fallecimientos de manifestantes. En Cuba, el 11 de julio del presente año se contabilizaron manifestaciones en más de 50 ciudades del país como respuesta al plan “Tarea Ordenamiento” propuesto por el gobierno. 

En Perú, el descontento social convivió con una crisis de institucionalización que se manifestó con la sucesión de tres presidentes en una misma semana. Al día de la fecha, las  concentraciones sociales, lejos de menguar, parecen alcanzar los sitios más recónditos del país. 

Por último, en el caso chileno, las protestas del año 2019 generaron una demanda respecto a la elaboración de una nueva Carta Magna, que continúa discutida por una ciudadanía profundamente disconforme. 

Todo parece indicar que el año 2019 implantó la semilla de un capítulo histórico trazado por el descontento y la protesta social en la región latinoamericana. Dos años después no se hallan indicios de un redireccionamiento en la trama de nuestra historia, sino más bien una extensión de la precedente. Será cuestión de conocerla, comprenderla y abogar por la adopción de un nuevo capítulo para nuestro libreto. 

Luana Moreno

Luana Moreno tiene 21 años, es estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, Argentina. Actualmente se encuentra cursando su tercer año, y al momento de finalizar el mismo, optará por la Mención en Defensa Nacional y Seguridad Internacional. A su vez, desde marzo de 2021, forma parte del programa de pasantías “Ideas Joven”, en el Instituto Ideas de Economía Aplicada y Sociedad; donde se encuentra inmersa en el área de Defensa y Seguridad.

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