No podemos negar que los intentos de contrarrestar los efectos nocivos del cambio climático se han convertido en una de las “luchas modernas” protagonistas de nuestros tiempos. Sin embargo, son varios los científicos que desde hace mucho tiempo advierten sobre los estragos generados en nuestros sistemas físicos, biológicos y humanos causados por el impacto del calentamiento global. Este aumento de temperatura producido en el planeta en los últimos 150 años es considerado una consecuencia directa de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas principalmente por la actividad del ser humano.
Tras décadas de no tratar correctamente la cuestión, el escenario al día de hoy es complejo, de manera que es menester que la comunidad internacional esté preparada para afrontar los efectos de dicho fenómeno y generar un espacio próspero con el fin de que el mismo no empeore. A propósito, el famoso “Acuerdo de París”, considerado un hito de la diplomacia climática reciente, refiere al compromiso de estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a un nivel que garantice que la temperatura media global no supere los 1.5°C con relación a los niveles pre-industriales. Se ha fijado dicho estándar ya que un incremento de temperatura superior provocaría consecuencias negativas a escala global, sobre todo para los países en desarrollo dada su elevada dependencia a los recursos naturales y su limitada capacidad para adaptarse al cambio climático. Este Acuerdo se concretó el 12 de diciembre de 2015, donde los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debatieron en París sobre un convenio vinculante para frenar el calentamiento de nuestro planeta. Su aplicación comenzó en el año 2020 cuando acabó la vigencia del Protocolo de Kioto, que se estableció en 1997 y entró en vigor en 2005.
Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de “finanzas del clima”? Este término suele ser utilizado para aludir a la necesidad de dotar de recursos financieros a la lucha contra el cambio climático, tanto en su aspecto de prevención y mitigación como de adaptación. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de 1992, el financiamiento del clima se refiere a un financiamiento transnacional, que puede provenir de múltiples fuentes (públicas, privadas o mixtas). Es considerado un elemento crítico para cumplir con las metas acordadas en el Acuerdo, ya que se requieren inversiones de gran escala tanto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como para la adaptación de los países a los efectos adversos del cambio climático. En general, el concepto remite a la captura de cualquier recurso para que los países logren la descarbonización de sus economías y la adaptación a los nuevos escenarios que surgen a partir de esta problemática.
La cuestión del financiamiento, de hecho, ha jugado un papel decisivo en la construcción de los consensos que condujeron al Acuerdo de París. Dicho documento representa una respuesta concertada de la comunidad internacional —basada principalmente en la cooperación— para enfrentar el cambio climático. El Acuerdo parece señalar de manera inequívoca el fin de la era de los combustibles fósiles, pues gracias a él la comunidad internacional se ha embarcado en un esfuerzo para cambiar el curso de los hechos, habiendo sido ratificado por más del 55 de las Partes que suman más del 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Sin embargo, con el fin de poder materializar estos consensos, es preciso asegurar la consistencia de las políticas conjuntas, disponer de recursos financieros, involucrar a los actores económicos y sociales, desarrollar nuevos instrumentos financieros y fortalecer las instituciones locales, de manera que su impacto se haga sentir donde sea más necesario.
En su Artículo 2.1.c, el Acuerdo expresa un propósito que consiste en alinear los flujos financieros con un desarrollo global bajo en carbono. Allí, se establece que es imprescindible elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Con esto se reconoce el papel central del financiamiento en la modificación de la trayectoria global de emisiones y se emite una señal poderosa a los gobiernos y a los agentes económicos para repensar a partir de ahora los criterios que sustenten la toma de decisiones relativa a la inversión.
¿Qué sucede con América Latina?
Mencionamos anteriormente cómo el aumento de la temperatura mundial conlleva grandes costos para los países en vías de desarrollo. Se estima que para estos, la financiación del cambio climático representa un punto clave a la hora de reducir su dependencia y adoptar un mayor margen de adaptación. Tomando en consideración la región latinoamericana, el informe “Reseña regional sobre el financiamiento para el clima en América Latina” explica que, actualmente, la principal fuente de financiamiento climático internacional es el Fondo para una Tecnología Limpia, un fondo multilateral administrado por el Banco Mundial que hasta la fecha ha movilizado 947 millones de dólares en 29 proyectos para la región. En segundo lugar, se encuentra el Fondo para la Amazonia, que ha financiado 102 proyectos en Brasil por un valor de 717 millones de dólares. Desde 2018, a su vez, el Fondo Verde para el Clima (GCF) se ha convertido en el tercer financiador en importancia para la región, con 656 millones de dólares aprobados para 14 proyectos y tres programas de ayuda preparatoria. En último lugar, se encuentra el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).
Estos cuatro fondos en conjunto han movilizado el 75% del financiamiento climático multilateral para América Latina. No obstante, existe una fuerte concentración en cuanto al destino de los recursos: solo Brasil y México reciben el 49% de los fondos multilaterales destinados a la región. En este sentido, cabe destacar que el Fondo para la Amazonia —el segundo gran financiador de la región— tiene como único beneficiario a Brasil. Los siguientes beneficiarios son Chile, Colombia y Argentina, en ese orden.
Al hablar de cuántos fondos se necesitan para implementar acciones de adaptación efectivas en la región, se encuentran estimaciones que rondan los 500.000 millones de dólares, aunque la respuesta todavía es incierta, puesto que, según los expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, resulta difícil calcular cuánta financiación en adaptación es congruente con un calentamiento global de 1,5°C.
Uno de los problemas más grandes que los países en vías de desarrollo enfrentan en cuanto al financiamiento radica en las barreras para la movilización de los recursos financieros y la reducida capacidad y acceso a estos por parte de los gobiernos nacionales. Entre las principales trabas para acceder al financiamiento internacional están la elaboración de proyectos y la acreditación de entidades de acceso directo. Los fondos climáticos, como el Fondo Verde para el Clima o el Fondo de Adaptación, tienen mecanismos muy complejos para el otorgamiento de recursos, con una exigencia muy alta en cuanto al diseño de los proyectos.
En líneas generales, estos mecanismos requieren de instituciones acreditadas para presentar proyectos y solicitar fondos, y los procesos de acreditación también son intrincados. Esto demanda a los gobiernos nacionales el desarrollo de capacidades específicas de las que carecen. Existe una falta de recursos humanos y de capacitación en los temas de cambio climático y desarrollo de proyectos que impide a los gobiernos de estos países acceder a fondos para poder implementar acciones de adaptación.
De la misma manera, se ha observado una dificultad para consolidar sistemas de evaluación y de desempeño que contengan indicadores de resultados sólidos y que vinculen a estos con las estructuras programáticas, con el objetivo de dar mayor trazabilidad a los recursos invertidos en cambio climático. El desafío, entonces, consiste en asegurar la provisión de un flujo de financiación que sea constante y sostenible, al mismo tiempo que responda las necesidades de los países y del medio ambiente. Para lograr este propósito, deben converger distintos factores como la organización institucional, las metas colectivas y el compromiso social.
A nivel regional, América Latina contribuye apenas el 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Además, es uno de los lugares altamente vulnerados por los efectos del cambio climático, por lo que hacen falta nuevos recursos para lograr los objetivos establecidos en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de cada país. Según evaluaciones de la CEPAL de 2018, los impactos del cambio climático podrían costarle a la región entre el 1,4 y el 4,3% de su PBI anual. Con este escenario por delante, América Latina tiene como responsabilidad encontrar nuevas oportunidades de financiamiento y fortalecer sus capacidades para el diseño, la implementación y el monitoreo de las acciones climáticas alineadas con las metas establecidas en su NDC.
A nivel global, ¿cuánto cuesta financiar el cambio climático?
Existen diferentes aproximaciones que realizan analistas y expertos en la temática. Según un informe de los analistas de Morgan Stanley, el mundo necesita gastar 50.000 millones de dólares en cinco áreas de tecnología para el 2050 a fin de reducir las emisiones y cumplir con el objetivo del Acuerdo de París. Dichas áreas son: energía renovable, vehículos eléctricos, hidrógeno, la captura y el almacenamiento de carbono, y los biocombustibles. Para reducir las emisiones netas de carbono a cero, el mundo tendría que erradicar el equivalente a 53.500 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año.
Los científicos de Naciones Unidas estiman que gastar 300.000 millones de dólares en la recuperación de tierras degradadas compensaría las emisiones mientras se gana tiempo para implementar tecnologías sin carbono. El incremento medio de la temperatura no puede superar los 2°C y, si es posible, debería frenar en 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales. Por su parte, la Unión Europea cree que serán necesarios al menos 180.000 millones de euros anuales hasta 2030 para descarbonizar la energía y mantener la temperatura en esos márgenes.
A su vez, las pérdidas se han convertido en una arista del desafío. En los últimos tres años, calcula Morgan Stanley, los desastres climáticos asociados con el calentamiento global han costado al mundo 650.000 millones de dólares. Y así el futuro funde a negro. En 2040, el precio podría ser de 54 billones de dólares.
En cara a este contexto, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford realizó un balance de lo que cuesta cumplir con el Acuerdo de París, concluyendo que supone un esfuerzo que a la larga podría traer beneficios económicos sustanciales. Antes de este estudio, el mundo no había tenido una cuantificación robusta de los beneficios económicos que supone perseguir los objetivos más ambiciosos de calentamiento global que plantea la ONU. Esto ha hecho que sea más fácil para los críticos afirmar que la reducción de emisiones es demasiado costosa como para merecer la pena. De hecho, este fue un punto importante en la justificación del presidente Donald Trump cuando anunció su intención de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París hace algunos años. Los resultados muestran que, al reducir los daños del cambio climático, los objetivos de París son, de hecho, muy beneficiosos para la mayoría de los países.
El equipo calcula esto combinando datos de desarrollo económico del último medio siglo con los cambios de temperatura en todo el mundo y una simulación climática de cómo podrían variar las temperaturas en el futuro. Tras analizar cómo fluctúa la producción económica de cada región a medida que las temperaturas aumentan, han visto que si no se alcanzan los objetivos de París, la mayoría de los países tendrían una menor producción agrícola, un menor crecimiento en general y además se verían obligados a lidiar con grandes gastos derivados de desastres ambientales o relacionados con la salud.
Los autores de este estudio creen que cerca del 90% de la población mundial, incluidas las economías más grandes como las de Estados Unidos, China y Japón, se beneficiarían económicamente de limitar el calentamiento global a 1,5º C en lugar de a 2°C a causa de la reducción que esto provocaría en los daños económicos producto del cambio climático. Las regiones más pobres del mundo serían incluso las más favorecidas, ya que con una pequeña disminución del calentamiento aumentaría de forma notable el producto interno bruto per cápita. Las cifras son muy optimistas e invitan a reconsiderar la negativa de algunos países a formar parte del Acuerdo. Incluso, ante un supuesto escenario muy agresivo del cambio climático, como un aumento del nivel del mar a gran escala, no alcanzar el objetivo de los 2°C afectaría al 15% de la producción económica mundial.
Reflexión final
Con este panorama, el financiamiento del cambio climático se convierte en un real desafío para todos y cada uno de los países y sociedades alrededor del globo. Para sortearlo, los gobiernos deben generar mecanismos efectivos que les permitan cuantificar sus necesidades de financiamiento y las áreas de acción prioritarias. A su vez, la participación de todos los sectores de la sociedad es de vital importancia. La cuestión del financiamiento climático se presenta como una oportunidad para construir procesos e instrumentos que generen vínculos más estrechos entre sociedad civil, sector privado y gobierno. En esencia, se trata de una oportunidad para dar un paso adelante hacia un sistema que posibilite transparentar el uso y el destino de los fondos, así como también repensar y abordar la problemática desde otras perspectivas alejadas de las lógicas del mercado y de la renta, priorizando al ser humano y su medio ambiente, no solo en lo climático, sino también en lo social y económico.
