Emergencia alimentaria: una pandemia no tan nombrada

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Los sistemas alimentarios están formados por la cadena de actividades que posibilita que la materia prima llegue “de la tierra al plato”. Este proceso comienza con la producción, sigue con la distribución y comercialización, y culmina con el consumo del producto en los hogares. Durante el paso a paso, intervienen tanto elementos naturales como actores sociales; dígase organizaciones e instituciones.

La nutrición es una función vital de los humanos, por eso resulta necesario garantizarla. En este sentido, la sostenibilidad es clave, es decir, lograr que todos los ciudadanos accedan al alimento y que su ingesta sea segura. De ese modo, el impacto es doblemente positivo: tanto en la salud y bienestar de las personas, como en la economía y ecología de los distintos países. Con esto en consideración, las naciones latinoamericanas se plantean continuamente el desafío de cumplir con los estándares mencionados.  

Coronavirus y cadena alimentaria 

El inicio de la pandemia generó temores de una crisis alimentaria, puesto que, por el cierre de fronteras, podía haber interrupciones en la distribución de productos comestibles. Sin embargo, esa situación no se vio a gran escala en América Latina. En el caso de las materias primas agrícolas, debido a un aumento de la demanda de China durante los primeros meses de confinamiento y la devaluación entre el dólar y las monedas locales de Latinoamérica, se dio una situación que tuvo como resultado un rápido aumento de las exportaciones.

A causa de la necesidad de cumplir cuarentenas en los hogares y la restricción de la circulación en las calles, los restaurantes ya no eran una posibilidad, por lo que se volvió indispensable cocinar puertas adentro. En efecto, hubo un cambio en la demanda de productos de la canasta básica, que aumentaron su precio y generó una suba de los índices inflacionarios en el continente. El encierro también perjudicó a los pequeños productores, quienes tuvieron dificultades para distribuir los productos frescos, afectando su economía. 

Asimismo, los niños y adolescentes se vieron damnificados por el Coronavirus. Las clases presenciales se vieron suspendidas por varios meses, dejando sin almuerzo a aquellos que dependían de la comida brindada en las escuelas. Aún no hay estadísticas que cuantifiquen el impacto, pero se predice que la alimentación se ha desbalanceado por la ingesta de productos ultraprocesados que afectan la salud infantil.

Los efectos del Covid-19 sobre la producción de alimentos ha hecho estragos en naciones como Haití y Venezuela, que precisan ayuda externa para combatir la crisis que enfrentan hace varios años y actualmente con la emergencia sanitaria se intensificó. En contraposición, Argentina y Brasil, grandes proveedores de la región, han aumentado el flujo de exportación de alimentos, dándose así una apertura al mercado internacional. 

Por su parte, los consumidores también han sentido el impacto de la pandemia a la hora de comer. La demanda de ciertos alimentos se vio afectada por la pérdida laboral de miles de latinoamericanos que, en consecuencia, ya no pueden acceder a ciertos “bienes de lujo” en materia gastronómica. En un inicio, las familias aumentaron el volumen de sus compras con la intención de hacerse de “stock” para los meses de confinamiento. Pero con el paso del tiempo son varios los productos cuya venta cayó considerablemente, fundamentalmente aquellos costosos y perecederos que han sido reemplazados por comidas más económicas y menos nutritivas. El resultado queda expuesto: la calidad de las dietas disminuyó.

En base a este planteo, podría afirmarse que la pandemia generó una urgencia a nivel alimentario debido a que los altos índices de desempleo, el desabastecimiento de productos de la canasta básica y la no asistencia a los centros de estudios ocasionó que tanto jóvenes como adultos tuvieran dificultades para acceder a un plato de comida. Si bien el balance de una dieta o los procesos sustentables en la producción son claves, cuando aparece el hambre pueden pasar a un segundo plano y se torna prioritario cubrir la necesidad de alimentar a los ciudadanos.

Acciones para combatir el hambre

Teniendo en cuenta que la alimentación es un derecho humano, son los Estados los responsables de garantizar su cumplimiento. Ese rol de garante toma aún más fuerza ante el contexto de pandemia; por consiguiente, deben llevar a cabo acciones para brindar soluciones. Por ejemplo, el gobierno de turno de Uruguay adoptó políticas para facilitar el acceso a productos alimenticios. En este caso, se optó por la creación de Canastas de Emergencia, las cuales podían ser solicitadas por aquellos mayores de 18 años que no contarán con un empleo registrado en el Banco de Previsión Social. Una vez aceptada la solicitud, el Ministerio de Desarrollo Social habilitaba cupones que podían ser canjeados por frutas, verduras, cereales, lácteos y otros elementos de la canasta básica. 

Por otro lado, en ciudades como Montevideo y Buenos Aires, se reactivaron las Ollas Populares con el objetivo de facilitar el acceso a un plato de comida caliente para los sectores sociales más afectados por la pandemia. Mediante colaboraciones de particulares y de empresas, los vecinos de los barrios se reunían para cocinar, compartir y brindar ayuda. Estas iniciativas ciudadanas demuestran que la gente se ha unido para paliar una necesidad que los Estados no pudieron contener. Pese a que los precios de los commodities generaron mayores ingresos, el reto propuesto por el SARS-CoV-2 presentó considerables dificultades.

En síntesis, queda expuesto que las familias, los productores e incluso los Estados se han visto afectados en lo que respecta al consumo, la producción y la redistribución del alimento. Para los gobiernos, el desafío global post pandémico implica entonces revertir aquellos efectos de la pandemia que resultaron en daños, y retomar la vía de planificación a largo plazo. Un puntapié inicial sería considerar las sugerencias que propone la Comisión EAT-Lancet acerca de «Dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles«. Las mismas pretenden incentivar la acción en pos de asegurar el abastecimiento alimentario con alternativas que cuiden al medio ambiente y buscando una alimentación más sana para los ciudadanos. 

Una “dieta balanceada” para la producción 

Luego de una pandemia que trajo consigo grandes debates en torno a la salud, un sistema alimentario saludable y sostenible a largo plazo debe recobrar importancia en la agenda internacional. Considerando el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) “hambre cero”, es necesario llevar a cabo un cambio profundo en el sistema agroalimentario mundial para poder alimentar a más de 820 millones de personas que padecen hambre y a los 2000 millones de personas más que vivirán en el mundo en 2050. 

El informe de la Comisión EAT-Lancet se publicó previo a la emergencia sanitaria del Coronavirus, pero la problemática que plantea no pierde vigencia ya que expresa que es necesario tomar acción de forma inmediata para detener posibles desastres alimentarios. En efecto, se trazaron cinco estrategias para lograrlo de forma veloz y eficaz. 

En primer lugar, el informe apela al compromiso internacional para avanzar hacia dietas más saludables. Para eso resulta necesario fomentar el consumo de alimentos de origen vegetal, lo que se podría lograr mediante una baja del costo de comercialización mundial, la inversión de los gobiernos en políticas públicas que informen y asesoren a los ciudadanos sobre salud y dietas saludables.

En segundo término, se pretende reorientar las prioridades de la producción agrícola, enfatizando no en la cantidad sino en la calidad de los suministros. No sólo se debe producir con el objetivo de alimentar a una población mundial en crecimiento, sino también debe brindarse una diversidad de alimentos que aporten nutrientes al cuerpo humano, sin descuidar la sostenibilidad del medio ambiente. 

En tercera instancia, se aspira a modernizar la producción de alimentos para aumentar la producción de alta calidad. Así, sería necesaria una “revolución agrícola” que contemple el desarrollo tecnológico e impulse los cuidados del planeta. 

En cuarto lugar, propone una gobernanza coordinada tanto de la tierra como de los océanos. Esto requiere estrategias a nivel internacional tanto para restaurar y reforestar las tierras degradadas como para lograr una ordenación oceánica para que la producción acuícola mundial sea sostenible. 

Por último, pretende reducir los desechos de alimentos tanto durante la producción como en el consumo, conforme con los ODS. Para ello es fundamental la formación y el equipamiento de los productores, pero también la concientización en los consumidores sobre el cuidado de los residuos al comer.

Pese a que los planteos de la Comisión EAT-Lancet se mostraban alcanzables, no se llevaron a cabo por la amenaza del Covid-19 que ha puesto al “mundo en pausa” por dos años. Sin embargo, debido a que la emergencia sanitaria se apaciguó, parece ser momento de retomar estas ideas junto a las sugerencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) y del Centro Interdisciplinario de Desarrollo Social (Cides) acerca de los “Sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe”. 

Actualmente estamos atravesando una reactivación post pandémica de la economía global, y los protocolos sanitarios han permitido una “vuelta a la normalidad” en la que hay que trabajar. Es importante orientar los procesos de alimentación hacia lo sostenible y saludable para cubrir las necesidades actuales, pero también para cuidar los recursos naturales que nos brindarán comida a futuro y contribuirán a alcanzar el hambre cero. Todas las decisiones de hoy tienen impacto en el mañana, por eso es menester aplicar medidas lo antes posible. Esto asegura no sólo una mejor calidad alimenticia para las personas, sino que ofrece beneficios para la economía y ecología del mundo entero. 

Aún hay mucho trabajo por hacer y resulta vital considerar el proceso en su totalidad; la producción, el transporte, la conservación y el consumo de las comidas deben ser atendidos para ser sostenibles en el tiempo y que la alimentación sea segura para la salud. Únicamente así se estaría avanzando para lograr que las poblaciones latinas tengan su necesidad —y derecho— de nutrición satisfecha. Si bien la pandemia dejó consecuencias negativas en materia alimentaria, también demostró que cuando se colabora por una causa común es posible amortiguar los efectos de la misma.

Dulce Fontenla

Dulce Fontenla tiene 22 años, es una estudiante avanzada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. En 2021 fue una de las representantes de Uruguay en la Sala de Prensa Juvenil de la UNESCO, cuya temática fue la comunicación como un bien público.

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