Herencia migratoria de Trump y el porvenir de Biden: menores de edad entre la espada y la pared

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Con la victoria de Trump en las elecciones del año 2016 y su consecuente arribo a la Casa Blanca en 2017, el mundo se encontraba expectante sobre el futuro que le deparaba a la gran potencia. Sin embargo, un tema era previsible: la inmigración.  Desde sus inicios de campaña, el magnate multimillonario hizo mención a la construcción de un muro en la frontera Sur que limita con México y a la supuesta relación intrínseca entre la migración y el delito. Los augurios no fallaron, la “securitización”  se volvió orden del día, se imputó con delitos penales a los y las migrantes que cruzaban de manera irregular la frontera y se separó a niños, niñas y adolescentes de sus familiares.    

Hoy, con Biden en el poder y sus promesas de reforma en materia migratoria, la herencia del ex presidente se convierte en un tema complicado para su sucesor. La situación de los niños, niñas y adolescentes (NNYA) que cruzan la frontera Sur no ha mejorado y las demandas de migrantes, ONGs y organismos internacionales no paran de llegar.

Trump y la política de la disuasión

El punto central de la política migratoria de Trump fue la disuasión. El ex presidente consideraba que con una serie de políticas restrictivas y un aumento de controles los migrantes dejarían de buscar “el sueño americano”. Sin embargo, este pensamiento puede considerarse poco acertado, ya que las migraciones son procesos complejos y si las políticas migratorias únicamente se enfocan en el país de destino, ignorando el origen, los cálculos pueden salir mal. 

El 25 de enero de 2017, a solo cinco días de haber asumido la presidencia, Trump emitió una orden ejecutiva denominada “Enhancing Public Safety in The Interior of the United Statesque establecía como una prioridad la expulsión de aquellos migrantes que hubiesen cometido algún delito o que fueran acusados de uno, aún cuando dicho cargo no había sido resuelto.

Lo interesante de esta orden es que suma a este grupo a los “inmigrantes ilegales” establecidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. De esta manera, a quienes se les hubiese vencido la visa, quisieran entrar al país por un paso no permitido o sin los documentos correspondientes serían expulsados inmediatamente. Esto generó dos consecuencias directas: las expulsiones “en caliente”, que eran el rechazo in límine en la frontera Sur y su expulsión a México; y la cacería de migrantes irregulares en las ciudades por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 

Es importante recordar que no en todos los casos la presencia ilegal en Estados Unidos es un delito y que en lo referente a la entrada sin documentos se considera un delito menor, aunque en la historia estadounidense fue tratada mayormente como una infracción civil. 

En septiembre del mismo año, Trump fue más a fondo. Bajo el fundamento de una vulneración en la separación de poderes y de que un gran número de jóvenes no acompañados de América Central se convertirían en miembros de organizaciones violentas, dio de baja el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) creado por Obama en  2012. El programa estaba dirigido a personas menores de 31 años (a junio de 2012) que hubiesen ingresado a Estados Unidos con sus padres de manera irregular y fueran menores de 16. A raíz de la gran cantidad de NNYA indocumentados, el DACA aplazaba por 2 años las deportaciones y le permitía a este grupo solicitar una licencia de conducir, acceder a un número de seguridad social y un permiso de trabajo. 

Según cifras oficiales, este programa ayudaba a 700.000 jóvenes, siendo México, El Salvador, Guatemala y Honduras los países de origen que representaban el 85% de la totalidad de los y las beneficiarias. Como consecuencia de la eliminación del DACA, los dreamers, inmigrantes que vivieron la mayor parte de su vida en EE.UU., debieron dejar sus trabajos y volvieron a quedar desamparados de las políticas sociales de las cuales eran beneficiarios.

La política de disuasión también afectó las solicitudes de refugio. Tal como lo establece  la ley  de Inmigración y Nacionalidad, el presidente tiene la potestad para establecer un techo máximo de personas refugiadas a admitir por año. De acuerdo a las cifras oficiales del Departamento de Seguridad Oficial en 2017, el techo fue de 110.000 con 53.000 admisiones finales. En 2018 el tope máximo fue de 45.000, admitiéndose finalmente 22.405 personas refugiadas. 

Estas cifras se encuentran en clara diferencia con la gestión anterior, la cual brindaba casi la totalidad del techo establecido. Así, en el 2015, el techo fue de 70.000 (con 69.920 admisiones) y en 2016 fue de 85.000 (con 84.988 admisiones). Por último, en 2019, el techo fue solamente de 30.000, el número más bajo permitido desde 1980, con 29.916 admisiones. 

La política de “tolerancia cero” creaba un mix de cuestiones que, a la luz de la mirada del ex mandatario, eran todas lo mismo. En las “devoluciones en caliente” no existían parámetros por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para devolver a aquellos que se consideraban migrantes “comunes” de los asilados. Todo  refugiado es considerado migrante, pero no todo migrante es refugiado. Es por ello que ante cada llegada de un inmigrante a un puerto o control fronterizo es necesario escuchar si esa persona quiere solicitar el refugio. 

Según un informe realizado por Amnistía Internacional, entre 2017 y 2018, Estados Unidos aplicó una política ilegal de expulsiones a solicitantes de asilo a lo largo de la frontera con México, la cual va en contra del principio de no devolución de los solicitantes. En los casos en los que permitía el ingreso se aplicó una política de detención obligatoria e indefinida hasta la tramitación de las solicitudes. Una consecuencia de este accionar, que surge del informe de Amnistía, es la separación de las familias que se comenzaron a dar en esa época. 

Niños, niñas y adolescentes: el grupo más afectado

Si bien la política de “tolerancia cero” no fue un invento de Trump, el modo de ejecutarla tuvo su propio perfil: imputación por delitos penales. Jeff Sessions, Fiscal General de Estados Unidos en ese entonces, informó al New York Times que perseguiría penalmente a todo aquel que entrara de manera ilegal al país y que los niños, niñas y adolescentes que los acompañaran serían separados de su familia. Esto se fundamentó bajo la idea de que al imputar a los familiares mayores de edad por un delito, estos deberían ir a parar a centros penales, motivo por el cual los NNYA no podían acompañarlos.  

Se estima que en el primer año de la presidencia de Trump la Patrulla Fronteriza separó un total de 8.000 unidades familiares en la frontera Sur, de acuerdo a los datos otorgados por funcionarios de Amnistía Internacional. El procedimiento era sencillo: se clasificaba a los NNYA como “menores extranjeros no acompañados” y se los trasladaba a los albergues sin sus padres. Pero lo cierto era que muchos sí estaban acompañados y que no se tuvo en cuenta el interés superior del niño a la hora de separar a bebés y menores de sus familiares. En  2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había recomendado a Estados Unidos el mantenimiento de la unidad familiar y la adopción de medidas alternativas a la detención de sus progenitores. 

Los motivos por los cuales migran los NNYA incluyen: pobreza, violencia de pandillas, amenazas por parte de bandas criminales, violencia de género, etc. En 2019, el 93% de los NNYA no acompañados provenían de El Salvador, Guatemala y Honduras. La situación para los menores mexicanos fue distinta; en base a cifras oficiales, Estados Unidos devolvió a más del 95% de los NNYA mexicanos que quisieron ingresar por la frontera Sur entre noviembre de 2020 y abril de 2021. El número total asciende a más de 10.000. 

Si bien la oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) es la responsable de acoger a los inmigrantes menores de edad sin acompañamiento, la mayoría de los que ingresan por la frontera con México deben esperar en centros fronterizos su traslado hacía los albergues. En ambos lugares, las denuncias llueven por doquier: falta de infraestructura, frío, nula comunicación con sus familiares, hambre, carencia de atención médica e incluso la muerte. Un grupo de abogadas que pudo acceder a un centro de detención de menores en la Ciudad de Clint, Texas, manifestó que los NNYA se encontraban gravemente descuidados, sin bañarse, con salas sin ventilación y sin adultos que los cuiden. 

Diferentes informes han demostrado que los NNYA sin acompañamiento han experimentado estrés postraumático, angustia y depresión. Una niña comentó que le daban pastillas por la mañana y noche, sin saber que eran. “Cuando tomo esa medicina, no tengo ningún ánimo… me han dado dolores de cabeza, he perdido el apetito y he tenido nauseas”, declaró cuando le preguntaron qué sentía.

En 2020, el Inspector General, Joshep Cuffari, emitió un informe sobre la situación de los 14 puestos de avanzada en la frontera Sur a cargo de la Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), donde se lleva de manera transitoria quienes han cruzado de manera irregular la frontera. El informe aclara que, en 2018, 2 menores murieron bajo el control del CBP. En algunos puestos, los menores no tuvieron acceso a una ducha por  48 horas, y en dos centros del Rio Grande Valley, los NNYA no habían accedido a comidas calientes hasta una semana anterior a la llegada del inspector. 

Incluso con todas estas políticas, el número de migrantes no se redujo . Con el temor de la “Caravana migrante” que se avecinaba desde Centro América en diciembre de 2018, Trump decidió negociar un acuerdo con México para controlar dicha situación, bajo la amenaza de imponer sanciones en caso de una negativa. De esta manera, México movilizó a la Guardia Nacional a su frontera sur a fin de impedir el flujo migratorio y acogió a los solicitantes de asilo en Estados Unidos hasta la efectiva resolución del caso. 

Sin embargo, México no contaba con el presupuesto o la infraestructura para hacerle frente a las necesidades de miles de migrantes. Obstaculizar la migración no frena a los migrantes, sino que expone a quien migra a un sinfín de situaciones peligrosas en el camino. 

En el caso de menores, la situación se agrava. Una chica hondureña de 15 años y un chico guatemalteco de 16 relataron cómo las trabas los expusieron a mayores riesgos. La joven, al intentar cruzar por México hasta EE.UU. para encontrarse con su hermana, se escondió de las autoridades mexicanas por miedo a ser detenida, por lo que durante 2 semanas durmió en las calles de Ciudad Juárez, huyendo de las pandillas que habían matado a su prima. Por su parte, el chico relató que solicitó asilo a las autoridades estadounidenses en la frontera con Tijuana, pero lo rechazaron de inmediato y le dijeron que se fuera. Al no poder acceder, días más tarde intentó saltar la valla, aunque lo atraparon y entregaron  a las autoridades mexicanas.

Biden y las promesas a cumplir

Con el cambio de gobierno, los ojos están puestos en el nuevo presidente, quien abiertamente criticó las políticas migratorias de Trump en plena campaña. Por lo pronto podemos afirmar que su promesa de enviar un proyecto de ley al Congreso para modernizar el sistema de inmigración está cumplida. Ahora falta lo más importante: ganar el debate. 

En relación a las detenciones de NNYA, únicamente entre enero y febrero de este año, se registraron 15.257 en la frontera Sur. Como respuesta a ello, en marzo se eximió a los menores de edad provenientes de Centro América de la normativa que no permitía su entrada por riesgo de Covid-19. 

En marzo de 2020 y a raíz de la ebullición del Covid-19, el presidente Trump había decidido interrumpir el arribo de migrantes vía  Canadá o México. Pese a ello, la normativa que se sustentaba en materia sanitaria expresamente mencionaba que sería de carácter obligatoria únicamente para todos aquellos migrantes que de una forma u otra se supiera que podían ser trasladados a un centro de detención migratorio o un puesto de avanzada. Así,  lo que se buscaba era poner una traba a los solicitantes de asilo, siendo la pandemia una justificación en segundo plano.

La normativa en cuestión sigue vigente, pero Biden permitió que no fuese aplicada a menores. Sin embargo, esto genera una situación difícil de resolver, ya que la misma continúa aplicándose de manera ilegítima hacia personas mayores de edad, separando de sus familiares a los NNYA que solicitan refugio  e ingresan solos a Estados Unidos. 

Pero el problema no termina allí. A raíz de no contar con sus padres/madres, la mayoría de los NNYA refugiados deben ser trasladados a un familiar que viva en EEUU o a una familia de acogida. El tiempo que se espera para poder conectar a un NNYA con alguien que pueda resolver su caso no baja de un mes y las condiciones en los refugios no han mejorado. 

Por último, otro fuego a calmar proviene de la propia frontera. Biden tenía la intención de reavivar el programa DACA, pero desde el Distrito Sur de Texas el juez Hanen bloqueó la posibilidad al emitir una sentencia que establece la ilegalidad de la norma. El pasado 10 de septiembre el Departamento de Justicia, con la venia de Biden, apeló dicho fallo. Hoy, esperando el resultado, lo único que necesita el gobierno es apoyo en el Congreso para que las políticas no se discutan únicamente en los tribunales.

Todavía queda mucho por andar

La política de disuasión implementada por Trump no resolvió la situación migratoria en Estados Unidos. Siendo uno de sus caballitos de batalla, sirvió para mantener entretenidos a sus seguidores y para marcar la cancha a sus  vecinos al Sur del río Bravo. El racismo y la xenofobia estuvieron a la orden del día. El muro del que tanto habló finalmente no tuvo el resultado esperado, pero sabía que la mera mención a dicha política lo situaba nuevamente en el centro de la escena.

En contraposición, Biden no toma medidas a la ligera; el trabajo sucio ya lo hizo otro. Sabe que la política heredada no está ni cerca de cumplir con los mínimos estándares de derechos humanos, pero tampoco desea un aluvión de ingresos sin control. Es por ello que, en agosto, estableció una docena de albergues para abordar el ingreso masivo de NNYA, a la espera de responder cuanto antes a sus solicitudes de asilo. Todo esto aun con la imagen de seguir teniendo detenidos a menores de edad.Por último, un punto que considero central a la hora de analizar las migraciones, se deja de lado los motivos por los cuales una persona migra o solicita asilo, que varían desde la pobreza hasta el cambio climático. Ello no permite comprender el panorama general. Ya lo dijo el cura de un refugio en el libro “Los migrantes que no importan” de Óscar Martínez: “Si a pesar de todos estos peligros siguen viniendo, como será el lugar del que huyen”.

Portada: Alejandro Cartagena

Camila Farías

Camila Farías tiene 27 años y es Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Posee una Diplomatura en Migrantes y Protección de Refugiados de la UBA. Actualmente se encuentra maestrando en Diversidad Cultural por la Universidad Tres de Febrero y realizando la Diplomatura de Estudios Avanzados en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas del Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Argentina y la Universidad Nacional de San Martín.

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