Perú: un golpe de Estado, tres presidentes en una semana y las protestas más grandes de su historia

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Durante la semana del 9 al 15 de noviembre, el Perú tuvo tres presidentes y vivió el estallido social más grande de su historia a causa de la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra. El Congreso hizo uso del artículo 113, inciso 2 de la Constitución y aplicó el mecanismo de la vacancia por “incapacidad física y moral permanente”.  Dicho dispositivo legal ya había sido usado como un arma de interpelación o impeachment por parte del parlamento hacia el Ejecutivo con el objetivo de promover otros tres intentos de vacancia durante el periodo 2016-2021. Aquel singular concepto de “incapacidad moral” había estado sujeto a un amplio espectro interpretativo debido a la polémica sobre el significado del término “moral”. Al ser una noción que podía hacer referencia a una posibilidad indefinida de interpretaciones acerca de lo que se podría considerar como moral o no, el Congreso aprovechó esta debilidad de la carta magna y la usó a discrecionalidad.  

Es preciso mencionar que ya muchos constitucionalistas habían mencionado que el origen de dicho motivo de vacancia se remontaba a la Constitución Política de 1839 y que, en aquella época, la expresión de “incapacidad moral permanente” —que era usada en el derecho francés— hacía referencia a una enfermedad mental o psicológica que impidiera el ejercicio normal de la presidencia. Esto debido a que en aquel tiempo aún no se acuñaba el término “psicología”. A raíz de esto, y de un cúmulo de intereses políticos oscuros desde el parlamento, los cuales colisionaban con las reformas políticas y judiciales iniciadas por Vizcarra el año 2018, el Congreso dio la estocada final a un gobierno débil y sin representación en el parlamento.

A continuación, un recuento de lo sucedido en la semana más convulsa que vivió el Perú en el presente siglo. 

Golpe disfrazado de vacancia

El lunes 9 de noviembre, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, el Congreso del Perú vacó al presidente Martín Vizcarra y, de ese modo, se perpetró un golpe de Estado desde el parlamento. Dicha maniobra ya se había estado organizando con algunos meses de antelación por las fuerzas políticas de oposición. De hecho, el primer intento, el 18 de septiembre, resultó infructuoso. Sin embargo, el segundo logró su objetivo: tomar por asalto el Poder Ejecutivo, menguar la división de poderes y llevar a cabo —sin interferencias— los polémicos y subalternos planes partidarios. 

Un Congreso impopular —60% de desaprobación en octubre y con 68 congresistas de 130 con investigaciones abiertas en el Ministerio Público— buscó la excusa perfecta: vacar al presidente por el motivo de “permanente incapacidad moral”, dispuesto en el artículo 113 de la Constitución. Esto debido a la filtración, por parte de la prensa, de las delaciones de aspirantes a colaboradores eficaces, quienes sindican a Martín Vizcarra como receptor de presuntas coimas en la licitación de obras públicas cuando este era gobernador de la región de Moquegua durante el periodo 2011–2014.  No obstante, dichas investigaciones aún se hallan en una situación muy preliminar e incipiente, y, según la Constitución, el presidente de la república sólo puede ser acusado y condenado cuando deje el cargo, excepto si incurre en los delitos estipulados en el artículo 117.

Los vacadores

Fueron ocho las fuerzas políticas que votaron por la vacancia: Acción Popular (AP), Fuerza Popular (FP), Alianza para el Progreso (APP), Unión por el Perú (UPP), Podemos Perú (PP), FREPAP, Somos Perú (SP) y Frente Amplio (FA). Todos justificaron sus votos en pos de la lucha contra la corrupción. Este motivo funcionaba como la coartada perfecta, aunque suene paradójico, pues, como se ha mencionado, la mayoría de los congresistas enfrenta procesos judiciales en curso. Por ejemplo, el parlamentario y ex vicepresidente del Congreso (APP) Luis Valdez tiene 52 investigaciones judiciales

Las motivaciones fueron de las más variadas. En primer lugar, Acción Popular, sabiendo que Manuel Merino — parlamentario por dicho partido y también presidente del Congreso — asumiría el cargo de presidente de la república, buscó tomar el poder ejecutivo con el propósito de postergar las elecciones presidenciales programadas para abril del 2021. Sabían que tendrían el apoyo mayoritario del Congreso y que la crisis sanitaria de la Covid-19 era el pretexto para alargar tanto el periodo presidencial como el legislativo, ya que, en el Perú, ambos poderes se eligen en un mismo proceso. 

En segundo lugar, Fuerza Popular, cuya cúpula dirigente y su lideresa —Keiko Fujimori— atraviesan investigaciones por haber recibido fondos ilícitos de Odebrecht, tenía como propósito medrar aquellos procesos judiciales e influir en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. En tercer lugar, Alianza para el Progreso y  Podemos Perú perseguían el objetivo de desactivar la SUNEDU, un organismo encargado de velar por la calidad de las universidades. Estos dos partidos tienen como líderes a dos magnates de la educación, Cesar Acuña y José Luna, respectivamente. Ambos también cursan investigaciones por varios delitos que van desde lavado de activos hasta la interferencia en la elección de magistrados para copar la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

En cuarto lugar, Unión por el Perú buscaba el indulto a su líder de extrema izquierda, Antauro Humala, hermano del ex presidente Ollanta Humala y condenado a prisión por delitos de rebelión y homicidio en el 2005. En quinto lugar, Somos Perú, cuyo representante en la mesa directiva del parlamento tiene investigaciones por el caso “cuellos blancos del puerto”, votó en mayoría por la vacancia. Finalmente, el FREPAP, agrupación religiosa ultraconservadora, y el Frente Amplio de izquierda se plegaron al discurso de la lucha anticorrupción, pero también hicieron referencia a las deficiencias del gobierno en el manejo de la pandemia. Esto resultó bastante curioso porque este último argumento no tenía lugar en un contexto de vacancia por “incapacidad moral”.

Gobierno autoritario, protestas y represión policial

Martín Vizcarra dejó el palacio de gobierno y, según revelaciones periodísticas, señaló a sus ministros que ya estaba cansado y que ya no haría nada por sostenerse en el cargo. La persistente crisis política lo había agotado. Es necesario mencionar que, si bien la aprobación de la gestión de Vizcarra rozaba el 54 %, un 78% de la población deseaba que el presidente termine su mandato y luego se someta al escrutinio judicial. Sin embargo, con la vacancia consumada, era Manuel Merino — a quien ya había sido descubierto en un intento por buscar apoyo de las fuerzas armadas durante la primera tentativa de vacancia— el que debía asumir el cargo de presidente interino hasta el 28 de julio del 2021, fecha en la cual tomaría el cargo un nuevo presidente elegido.

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Fuente: Perú As

Ante estos hechos, la indignación ciudadana llegó a niveles no previstos por la clase política. El rechazo a las conspiraciones golpistas, a los negociados de votos y favores tras bambalinas colmaron el sentimiento de rechazo hacia el Congreso que la ciudadanía ya había acumulado durante los últimos años. El estallido social se hizo unánime y el ascenso de Merino se tornó ilegítimo. La ciudadanía se volcó a las calles masivamente, pero no salió en defensa de Vizcarra, sino en defensa de la democracia. Veinte años habían pasado desde la caída de la dictadura de Alberto Fujimori y en el Perú, por primera vez en su historia, habían tenido lugar ya cuatro procesos electorales democráticos consecutivos. 

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Fuente: El País

La primera disposición del gobierno de Merino en el poder fue reprimir y acabar con las manifestaciones. Una llamada a Cesar Gentile, el renunciante ministro del interior del gobierno de Vizcarra, lo corrobora. Merino le habría solicitado que endurezca la represión y sofoque las protestas, pero el ex ministro se negó a este pedido porque él ya había renunciado. Durante las siguientes 48 horas, Merino formó un gabinete ministerial altamente conservador y designó a Antero Flores-Araoz como primer ministro, quien no demoró en brindar su apoyo y anuencia a la violenta represión que realizaba la policía en las cada vez más multitudinarias manifestaciones. 

A estas alturas, el ya catalogado como gobierno de facto emprendió el camino autoritario y utilizó los mecanismos propios del autoritarismo: se intentó censurar la transmisión de las manifestaciones en TV Perú, el canal del Estado; se instó a renunciar al Procurador General del Estado; se exigió la remoción de muchos funcionarios públicos en diversos ministerios y se infiltraron policías vestidos de civiles en las manifestaciones. 

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Fuente: primicias.ec

Las marchas nacionales del 12 y 14 de noviembre congregaron al 13% de la población, aproximadamente, tres millones de ciudadanos; un número inusitado. El 94% de la población estuvo en desacuerdo con el ascenso de Merino al poder. La multitud no sólo copó el centro histórico de la ciudad de Lima, sino que se forjaron marchas descentralizadas en varios distritos de la capital, y en las principales ciudades del interior del país. Las demandas eran claras: la salida de Merino, el rechazo a la crónica corrupción que vive el Perú y al Congreso, el principal responsable de la misma.  Ante la infatigable presión social y la falta de reconocimiento hacia el nuevo gobierno por parte de la prensa extranjera, los países de la región y Europa, y organismos internacionales como la OEA, el gobierno de Merino ya daba signos de debilidad interna, tapada con una desproporcionada y excesiva represión policial. 

El punto de quiebre fue la noche del sábado 14 de noviembre. La muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado —dos jóvenes estudiantes—, las detenciones arbitrarias, un centenar de heridos, incluyendo periodistas nacionales e internacionales que cubrían las manifestaciones, y 40 desaparecidos tornaron insostenible el gobierno de Merino, quien, tras una ola de renuncias por parte de sus ministros de Estado, la negativa de la policía a seguir con la represión y de la falta de respaldo de las fuerzas armadas, se vio obligado a renunciar la mañana del domingo 15 de noviembre. 

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Fuente: La Tercera

Durante la tarde del domingo 15 y la mañana del lunes 16, se llevaron a cabo intensas negociaciones para elegir a una nueva mesa directiva del Congreso. De ella, se elegiría al presidente del mismo y, como consecuencia, este asumiría la presidencia interina. Las fuerzas políticas demoraron en ponerse de acuerdo, pues muchos parlamentarios no deseaban acatar el mandato de las movilizaciones: elegir una mesa directiva compuesta por los parlamentarios que no habían votado a favor de la vacancia, solo 19.  Estos últimos, que sí gozaban de legitimidad y que no se habían plegado a la coartada de “lucha contra la corrupción”, eran los indicados para asumir el rumbo de la nación.  Finalmente, se eligió a Francisco Sagasti, del partido Morado, como presidente del Congreso, quien la tarde del martes 17 de noviembre juró como presidente de la república. De este modo, se dio inicio a un nuevo gobierno de transición, el cual tendrá como misión enfrentar la crisis sanitaria producto de la Covid 19, recuperar la diezmada economía nacional, y garantizar unas elecciones libres y transparentes para el 2021.

El rechazo a la impunidad y el llamado a la justicia

Arreglos florales, mensajes y cartas en homenaje a Inti y Bryan en Corte de  Lima | La República

Fuente: larepublica.pe

La fiscal de nación, Zoraida Ávalos, ya ha abierto una investigación por los presuntos delitos de homicidio doloso, lesiones graves y leves, y abuso de autoridad a Manuel Merino, Antero Flores- Araoz y al ministro del interior del régimen, Gastón Rodriguez. Se sostiene la hipótesis de que ellos fueron los que ordenaron la represión, junto con los altos mandos policiales. A esto se han sumado las denuncias de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y las exhortaciones públicas de instituciones y organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión interamericana de Derechos Humanos, la ONU y de Human Rights Watch para la investigación y esclarecimiento de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.

Rodrigo R Jordan

Rodrigo Rojas Jordan tiene 28 años, es comunicador social y periodista por la Universidad de Lima, Perú. Es profesor asistente en el área de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Dicta los cursos de Comunicación e Historia del Perú del Siglo XX. Ha trabajado en la Biblioteca del Banco Central de Reserva del Perú y también ha formado parte de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea Perú 2020.

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