Proyecto de Constitución en Chile: el sistema político como problema regional

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El 4 de septiembre Chile decidirá si aprueba o rechaza el proyecto de una nueva constitución presentada por la Convención Constitucional. El camino que inició con el plebiscito, post estallidos del 2019, permitió abrir el debate para la modificación de la carta magna dictada en plena dictadura militar. Hoy nos encontramos ante una nueva etapa: la presentación del proyecto de una Constitución democrática y plural para el pueblo chileno.

Los debates se dividen en “aprobar”, “aprobar para reformar” y “rechazar para reformar”. Este último hace alusión a los sectores que no están conformes con el proyecto y prefieren debatir la ampliación de derechos en el Congreso actual. Pero antes de empezar hay que dejar algo claro: es imposible que una ley, y mucho menos una Constitución, deje satisfechos a todos.

La razón es sencilla: los constituyentes no buscan lo mismo y las visiones de país no se pueden amalgamar como una plastilina para que todos voten a favor. Si esto fuera así, una Constitución tendría demasiadas incongruencias y contradicciones por el reconocimiento de las demandas de los distintos sectores.

El proyecto constitucional contiene 388 artículos en donde se reconoce al país como un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico. En materia de género, se volverá vanguardia al establecer la paridad como principio rector en la carta fundamental y seguirá los pasos de países como Ecuador y Bolivia al denominar a la naturaleza como un sujeto de derechos.

Queda claro que el reconocimiento de demandas históricas, como la plurinacionalidad y el acceso a la educación y salud pública, son materias que deben ser saldadas. Sin embargo, los interrogantes que me surgen a la hora de abordar esta cuestión no tienen que ver con los derechos en sí, sino con aquello que Gargarella denomina “sala de máquinas” de las constituciones latinoamericanas. 

Ante la falta de garantía de derechos fundamentales en sus cartas magnas, los países de la región sudamericana optaron por una ampliación del catálogo de derechos desde fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Chile, ante el resultado de los estallidos del 2019, claramente no fue la excepción ya que se esperaba que la Convención recogiera el mayor número de demandas. En ese sentido, la pregunta que debemos hacernos es: ¿será posible un avance en materia de derechos sin una reforma del sistema político?

La ampliación de derechos debe estar acompañada por reformas políticas en la organización del poder;  de no ser así se pone en riesgo la implementación de los mismos. Esta parte orgánica de una Constitución debería ser la piedra angular sobre la que se erige todo el sistema de derechos. La Convención hizo poco hincapié en este punto y avanzó en la paridad, el presidencialismo “atenuado” y la bicameralidad asimétrica.

Era el momento propicio para avanzar sobre las 2 marcas principales, según Gargarella, que se mantienen en todas las reformas constitucionales: 1. una división de poderes fundamentalmente tripartita, ladeada hacia el Poder Ejecutivo y territorialmente concentrada; y 2. la anexión de derechos sociales económicos y culturales a una lista vieja de derechos liberales clásicos inamovibles.

Las instituciones y sus competencias solapadas, el retraso en la implementación de políticas públicas y la incongruencia de tener leyes superpuestas que reconocen derechos a ambas partes son algunos de los asuntos que deben ser minuciosamente analizados. Sumado a ello, me pregunto: ¿qué debería tener una Constitución para estar a la vanguardia del siglo XXI? Las nuevas tecnologías, el ciberespacio y la defensa también son temas que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de pensar el momento histórico en el que estamos.

A la región le hubiese servido analizar cómo Chile modificaba esto. Sin embargo, lo que sí hemos aprendido, a mi parecer, es de qué manera el descontento social tuvo una salida institucionalizada y política. No partidaria, pero sí política: la Convención Constitucional. 

Ante la amenaza de mayor desintegración en la sociedad y una bipolaridad constante, con la aparición de figuras políticas outsiders que traccionan el voto de sectores descontentos con la política, Chile decidió que la salida sería una reforma al sistema actual. Con mayores o menores errores, aún con las ganas de que sea mejor.  

Ahora se viene la etapa más difícil. ¿Qué decidirá la sociedad chilena? El plebiscito para decidir sobre el cambio de Constitución se votó al calor de las memorias en la Plaza Dignidad, con estudiantes reclamando en las estaciones de subte y una unidad que le valió las elecciones al oficialismo. Hoy el panorama es distinto y el apruebo lo sabe, las encuestas aún muestran la ventaja del rechazo con una diferencia del 10%.  

Si gana el apruebo, el Congreso actual deberá debatir las reformas a implementar y el gobierno de Boric encauzar su proyecto político a la luz de la nueva carta magna con la conciencia que el proceso de ampliación de derechos llevará mucho más tiempo que el que lleve aprobar el proyecto constitucional.

Por el contrario, en caso de rechazarlo, el presidente ha manifestado su intención de presentar su propio proceso constituyente. Aquí la responsabilidad queda en gran parte sobre los sectores que rechazaron pero se comprometieron a mejorar las leyes. Aunque… ¿de qué manera? Las alianzas en el parlamento serán difíciles de conseguir sobre todo al tener que comenzar a tratar todo desde cero.

Lo que quedó claro es que la crítica al orden social no es lo mismo que la capacidad de levantar alternativas a él. La Convención Constitucional tuvo mayoría de independientes que buscaron un mejor camino para Chile pero se encontraron con los propios problemas de cualquier institución política: acuerdos, desacuerdos, necesidad de alianzas por votos y desconfianza del electorado. Aún en esas condiciones, lograron presentar un proyecto que busca un mejor camino para toda la sociedad.

Finalmente, y como todos los caminos conducen a Roma, es nuevamente el sistema político el que tiene la mayor responsabilidad a la hora de tomar una decisión: implementar la nueva constitución o reformar todo si se rechaza el proyecto. El futuro del país y de la lucha por el avance de los derechos continúa en manos de cada uno de los poderes del sistema político. Ese sistema que no se supo mejorar.

Fuente imagen: La tercera

Camila Farías

Camila Farías tiene 27 años y es Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Posee una Diplomatura en Migrantes y Protección de Refugiados de la UBA. Actualmente se encuentra maestrando en Diversidad Cultural por la Universidad Tres de Febrero y realizando la Diplomatura de Estudios Avanzados en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas del Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Argentina y la Universidad Nacional de San Martín.

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